Corrupción o Intercambio Político


Por Liliana Pineda para Zonaizquierda.org

6 de diciembre de 2015
 

Nos dice Nora Rabotnikof, que en cada momento y lugar, se realizan construcciones culturales de lo que es ético y es cívico y lo que no lo es, que suelen centrarse en distinguir lo público de lo privado, y con las cuales se contrastan las conductas corruptas. Estas construcciones culturales, por lo general, al colocar el “listón tan alto” solo dejan lugar a dos posturas contrapuestas: la corrupción es infranqueable y hemos de adaptarnos resignadamente a la “realidad”, o la corrupción se combate con la «pedagogía de la virtud» (honestidad, rectitud, tolerancia, respeto por la ley, etc.) que es posible enseñar y aprender[i]. Todo esto se aleja del hecho cultural como una práctica, y en realidad confunde cultura política con valores y cualidades ideales, lo cual impide, a su vez, dar cuenta de los aprendizajes y experiencias que en cada etapa de la historia condicionan a los individuos y a las sociedades, y trasforman sus pautas evaluativas, epistemológicas y afectivas.

 

En América, en la concepción originaria republicana, la corrupción no solía asociarse al soborno ni al beneficio ilícito, sino al incumplimiento sistemático de prácticas y creencias que dotan a las colectividades de un proyecto compartido y de una perspectiva de futuro; más como una merma de la capacidad para buscar el bien común (deslizándola  gradualmente hacia los beneficios particulares) que como una infracción a la norma, circunscrita a las administraciones públicas, aunque siempre se hiciera referencia a la desviación de un precepto normativo o social o una costumbre. Esta caracterización será la que influencie la tipificación del fenómeno en los países de la región, incluso cuando desde posturas muy “técnicas” se circunscribe la corrupción al ejercicio de una función pública especializada[ii].

 

Hoy en día buena parte de las formulaciones conceptuales sobre la corrupción política la relacionan con la legitimidad, la norma, la cultura, lo escrito y lo no escrito; las prácticas corruptas se consideran enfrentadas con el prototipo de conciencia social ciudadana, y las estrategias para combatirla, a la vez que potenciar la eficiencia de la gestión de la “res pública”, encierran por lo general mecanismos de trasparencia, participación y control.

 

           “En contraste con los patrones del pasado, consistentes en mantener la corrupción en secreto y en negar su existencia, la corrupción en los negocios internacionales es hoy reconocida en los más altos niveles de los gobiernos, de los organismos internacionales y de la misma comunidad de los negocios. Un gran logro de los últimos cinco años, encabezado por Transparency International y por mucha gente tanto dentro como fuera de este tipo de instituciones, ha sido legitimar la discusión en torno a la corrupción. Los próximos cinco años deben conducir hacia el establecimiento de una discusión abierta para concretar los logros. Los éxitos (o fracasos) en un país deben estar disponibles como una lección para otros que busquen la reforma. A pesar de que en muchos países la reforma es necesaria en la provisión de servicios y en la recaudación de ingresos de los ciudadanos ordinarios, mi enfoque en este trabajo ha sido en la corrupción en lo alto del gobierno que a menudo involucra la participación de empresas (…)[iii].

 

El quebranto de la virtud ciudadana, se identifica como una consecuencia forzosa de la crisis de la propia política, conservando de esta manera una idea de moralidad pública, que califica de corruptas algunas prácticas, acciones y formas de vida que ya han sido incorporadas a la actividad política moderna, haciendo parte de un fenómeno global en el que no es fácil identificar o distinguir la percepción de un beneficio ni la transgresión de una norma, como no es fácil distinguir entre  clientelismo y asignación, nepotismo y reclutamiento, tráfico de influencias y puertas giratorias, soborno y lobbismo…

 

            “Pese a que el magistrado ponente valoró y votó a favor de la admisión a trámite de la querella criminal presentada por el principal partido de la oposición contra los dos DIPUTADOS tránsfugas y otros, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolvió no admitirla; tres magistrados habían estimado que la querella no presentaba datos indiciarios elementales para justificar la acusación de delito continuado de cohecho, ni "circunstancias de una sospecha fundada consistente y superior a las meras conjeturas"[iv].

 

En efecto, hay una zona en la que es difícil distinguir conceptualmente la negociación política de las prácticas corruptas. Sobre todo cuando se intercambian y facilitan bienes o beneficios como salarios, créditos, aplazamientos, aprobaciones, consensos o disensos..., etc. Pero fijar criterios para hacer esta distinción no es fácil. Algunos autores empiezan diferenciando el carácter individualista de la corrupción, del carácter general de las políticas promocionales y de las prácticas populistas por cuanto quienes realizan estas prácticas y políticas, suelen ser representantes de sindicatos, partidos y otras instituciones. Otros distinguen las negociaciones corporativas, públicas, de la corrupción, que requiere de un tipo de relaciones ocultas profundamente antidemocrático. Y una gran mayoría exige que la práctica corrupta incluya un beneficio privado. Pero lo cierto es que en los procesos de transición política, las prácticas corporativas también fueron consideradas un obstáculo fundamental para la democracia y la evolución económica, sobre todo por quienes argumentaron que el corporativismo tiende a asegurar situaciones existentes a costa de los sectores no organizados (los sindicatos frente a los parados, o los partidos políticos frente a los movimientos sociales, por ejemplo), constituyendo y promoviendo la defensa de sectores privilegiados, oponiendo lo particular frente a lo público, lo general o lo común, y planteando el problema de la legitimidad política de los intereses particulares como opuestos al interés público.

 

             “El ASESOR, que asumió la vara de mando municipal tras derrotar al PR con un gobierno cuatripartito, manifestó, cuando conoció la sentencia condenatoria, que estaba convencido de su inocencia y aseguró que presentaría su dimisión como alcalde para no perjudicar la imagen del municipio. El Ayuntamiento de Estepona convocó un Pleno extraordinario para que EL ASESOR presentara su renuncia y un alcalde en funciones, de su propio partido tomara las riendas del Consistorio hasta que se designara un sustituto, que saldría de las filas del pacto cuatripartito de Gobierno. [...] Arropado por todos los concejales de su partido, así como por la secretaria general del principal partido de la oposición de Málaga y otros altos cargos de la dirección provincial -que se situaron detrás de su sillón del despacho de la Alcaldía-, el ASESOR hizo efectiva su renuncia entre aplausos y algunos gritos de: «¡No!», para disuadirle de su postura[v]. 

 

Para Susan Rose-Ackerman[vi], si la corrupción se predica de las formas de intercambio político, es porque "se sigue utilizando una concepción rigurosa de política". Según R-Ackerman, el hecho de que suelan tildarse de corruptas, aunque no comporten la percepción de un beneficio económico individual, aquellas formas de negociación o de corporativismo (como la parcialidad, el favoritismo, el clientelismo, el lobbismo, la representación funcional,  la discriminación en la enunciación y aplicación de normativas,  y todas aquellas que sirven para obtener prestigio o apoyo electoral o cargos públicos), plantea la necesidad de establecer criterios que permitan diferenciar las prácticas que operan como medios propicios para la corrupción (falta de publicidad, trasparencia y control) de los propios actos y actantes corruptos, para no caer, nos dice, en una inversión valorativa, que lleve a tomar el atajo de afirmar que las organizaciones políticas, el parlamento, o la propia  democracia, son en sí mismos corruptos... 

 

            “EL DIPUTADO TRÁNSFUGA y LA DIPUTADA TRÁNSFUGA se ausentaron de la sesión convocada para la elección de la Mesa del Parlamento autonómico y de su Presidencia. Su ausencia en la votación provoca como consecuencia directa el siguiente resultado: impide que el candidato del principal partido de la oposición sea elegido presidente de la Asamblea y posibilita que la candidata del PP ocupe el cargo"[vii]. 

 

            “LA CONGRESISTA explicaba la verdadera razón por la cual, a escasas horas de expresar por escrito su voluntad de solicitar el archivo del proyecto de reforma, que habría imposibilitado la reelección presidencial, obró en contrario; señalando que lo hizo (persuadida por algunos funcionarios vinculados con el gobierno de la República  y con el propósito de apoyar el proyecto de reelección del Presidente), para obtener las prebendas y beneficios burocráticos que le fueron ofrecidos, algunos de los cuales se materializaron posteriormente con el nombramiento de varios de sus seguidores políticos en distintas entidades oficiales, así como con el otorgamiento de contratos de prestación de servicios a otros más[viii].  

 

Marcos Roitman[ix] suscribe la exigencia de percepción de un beneficio económico para hablar con propiedad de corrupción, aunque añade y precisa: 

 

           “Si la voz democracia es tan laxa que permite incorporar actos y personajes corruptos, no extraña su descrédito, cuyos efectos son el alto índice de abstención por parte de la población y la despenalización de los actos corruptos por parte del poder. Y estas dos situaciones se integran bajo la reformulación legal en los mecanismos de las democracias representativas. En el primer caso, la abstención se organiza bajo la libre participación de los electores. Votar es un derecho y no un deber. La legitimidad del proceso electoral se garantiza bajo la fórmula de votos emitidos. La abstención se incorpora como una opción electoral. Así en términos absolutos, no es un problema. Pueden gobernar presidentes con menos del quince por ciento del electorado real, pero en los hechos puede representar el cuarenta o cincuenta por ciento del voto emitido creando una falsa impresión de legitimidad. Respecto a la corrupción, antes que penalizarla como delito político, es mejor[x] despenalizarla e integrarla. Así tampoco supone un problema en términos relativos. Incluso se conceptúa como una relación individual entre un decisor que rompe la norma al estar en una institución pública para beneficio personal, siempre económico, en contra del Estado.  […]  El sistema democrático representativo la absorbe y vive con ella. No se priva de los derechos ciudadanos a los imputados por corrupción en el ejercicio de cargos públicos electos. En las recientes elecciones de mayo de 2007 en España, todos los imputados por corrupción terminaron siendo elegidos como concejales o miembros de las diputaciones en listas del PP o por partidos creados ex profeso, con ello dilatan su entrada en prisión o su enjuiciamiento criminal. Todo un logro de las democracias representativas occidentales”.

 


[i] “En este caso, el riesgo es arribar a una especie de reconciliación resignada con la «densidad» de la eticidad y la historia, con la consiguiente adaptación pragmática a la racionalidad histórica de la corrupción. Alguien podría decir que esto es un ejemplo de lo que Hannah Arendt llamaría la banalidad (en este caso la banalización) del mal”.

Nora Rabotnikof, “Corrupción Política: definiciones técnicas y sentidos  sedimentados”. En: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12471733212570739987891/isonomia10/isonomia10_03.pdf  p. 33.

[ii] Cfr. Nora Rabotnikof, Op. Cit.  

[iii] Susa Rose-Ackerman: “Corrupción y Economía Global”, Universidad de Yale, Estados Unidos, 2002, pp.  60-61, en: http://www.biblioteca.org.ar/libros/142237.pdf  

[iv] TRAMA MADRID (El cohecho). "Pese a que el magistrado ponente valoró y votó a favor de la admisión a trámite de la querella criminal presentada por el Partido de la oposición contra los dos DIPUTADOS tránsfugas y otros, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolvió no admitirla; tres magistrados habían estimado que la querella no presentaba datos indiciarios elementales para justificar la acusación de delito continuado de cohecho, ni "circunstancias de una sospecha fundada consistente y superior a las meras conjeturas". Aún así la Fiscalía Anticorrupción mantuvo abiertas diligencias por el caso". L. Pineda: "La dinámica social de la corrupción y el blanqueo de capitales. Una comparación España-Colombia", ucm.es, 2014.

[v] CASO ESTEPONA (Los Partidos). "El AsESOR, que asumió la vara de mando municipal tras derrotar al Partido R. con un gobierno cuatripartito, manifestó, cuando conoció la sentencia condenatoria, que estaba convencido de su inocencia y aseguró que presentaría su dimisión como alcalde para no perjudicar la imagen del municipio. El Ayuntamiento de Estepona convocó un Pleno extraordinario para que EL ASESOR presentara su renuncia y un alcalde en funciones, de su propio partido tomara las riendas del Consistorio hasta que se designara un sustituto, que saldría de las filas del pacto cuatripartito de Gobierno. [...] Arropado por todos los concejales de su partido, así como por la secretaria general del Partido de la oposición de Málaga y otros altos cargos de la dirección provincial -que se situaron detrás de su sillón del despacho de la Alcaldía-, el ASESOR hizo efectiva su renuncia entre aplausos y algunos gritos de: «¡No!», para disuadirle de su postura". L. Pineda, Op. Cit.

[vi] Susan Rose-Ackerman: “Corrupción y Economía Global”, Universidad de Yale, Estados Unidos, 2002, pp. 60-61, en: http://www.biblioteca.org.ar/libros/142237.pdf

[viii] TRAMA YIDISPOLÍTICA (La dádiva). "LA CONGRESISTA explicaba la verdadera razón por la cual, a escasas horas de expresar por escrito su voluntad de solicitar el archivo del proyecto de reforma, que habría imposibilitado la reelección presidencial, obró en contrario; señalando que lo hizo (persuadida por  algunos funcionarios vinculados con el gobierno de la República  y con el propósito de apoyar el proyecto de reelección del Presidente), para obtener las prebendas y beneficios burocráticos que le fueron ofrecidos, algunos de los cuales se materializaron posteriormente con el nombramiento de varios de sus seguidores políticos en distintas entidades oficiales, así como con el otorgamiento de contratos de prestación de servicios a otros más. Asimismo mencionaba las amenazas de que había sido objeto por parte de un dirigente político, para obligarla a desistir de sus presiones relacionadas con el cumplimiento del pacto efectuado a cambio de su voto". L. Pineda, Op. Cit.

[ix] Marcos Roitman. “Democracia sin demócratas y otras invenciones”. Ed. Sequitur. Madrid. 2007, p. 11.

[x] Para el sistema democrático representativo..

 

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