Twittear     Queremos un Brasil diferente   Por Janette Habel, de su página en ZPspace Traducción. Enrique Prudencio para Zona Izquierda La presidenta de Brasil Dilma Rouseff, ha dicho de las protestas que están teniendo lugar en todo el país durante este mes de junio que “las manifestaciones pacíficas son legítimas y forman parte de cualquier proceso democrático”. Pasó por alto el hecho de que el país no había vivido una movilización tan masiva desde el final de la dictadura en 1985, a no ser, quizás en 1992, cuando la gente salió a la calle para denunciar la corrupción del gobierno de Fernando Collor de Melo, acelerando su renuncia al cargo. El día antes de las declaraciones de Roussef, cerca de 200.000 brasileños marcharon en Sâo Paulo, Río de Janeiro y la capital Brasilia, donde los manifestantes ocuparon el Congreso durante varias horas. Unos días más tarde su número llegó casi a un millón. Todo comenzó el 11 de junio en Sâo Paulo cuando los residentes comenzaron a protestar contra el aumento de las tarifas de los autobuses, que habían pasado de 3 a 3,20 reales (1,50 euros). No hubo muchas más protestas en el resto del país, mientras los manifestantes en Río de Janeiro protestaban contra los millones gastados en la construcción y restauración de instalaciones deportivas para la celebración del Campeonato del Mundo y los Juegos Olímpicos. A lo anterior se suma que los manifestantes de Río están cansados de la corrupción generalizada y a todo ello añaden la reivindicación de una sanidad y educación públicas decentes. A solo un año de las elecciones presidenciales, estas manifestaciones, lideradas principalmente por jóvenes nacidos después de la caída de la dictadura, debilitan a Rousseff. Se trata sin duda de una seria advertencia para su Partido de los Trabajadores (PT), en el poder desde 2003, si bien es cierto que hasta ahora ninguno de los otros partidos parece estar beneficiándose de las actuales protestas, que están denunciando a todas las fuerzas políticas. Durante algunos años después de asumir el cargo, el presidente Luis Inácio Lula da Silva, pudo contar con un fuerte crecimiento económico para mejorar gradualmente el nivel de vida, pero cuando Rouseff fue elegida en 2010, pretendiendo una continuidad de la política anterior, se enfrentó a una situación económica internacional mucho más difícil. Hoy Brasil está experimentando un crecimiento más débil, pasando de un 7,50% en 2010 a un 0,90% en 2012, a lo que se añade el inicio de una caída de la producción industrial. Han subido las exportaciones de materias primas, pero han bajado considerablemente los precios de los productos manufacturados. La sexta potencia económica del mundo se enfrenta actualmente a muchos desafíos y, a pesar de la competencia de China, necesita incrementar su crecimiento industrial para poder mantener los programas sociales iniciados en la última década, que al ser muy valorados por la población, garantizan una base electoral cómoda para el PT. ¿Un chock capitalista? Lula se jactó una vez diciendo: “Nunca antes los empresarios han ganado tanto como bajo mi mandato”. Con el fin de corregir las primeras señales del fracaso de este modelo, Rousseff ha optado por lo que la revista brasileña Veja ha descrito como “un shock capitalista” para poner a Brasil en armonía con la gravitación universal” (15 de agosto de 2012). Su programa $66bn incluye la venta de concesiones de puertos, autopistas, ferrocarriles y aeropuertos, lo cual ha sido motivo de sarcasmo para el presidente del Partido Socialdemócrata Brasileño Cardoso (1995-2002) dado que estas privatizaciones masivas fueron ferozmente denunciadas por Rousseff durante la campaña presidencial de 2010. Evidentemente, Roussff no ha aceptado la idea del “shock capitalista” y presenta su estrategia de desarrollo diferente, afirmando que al centrarse en la producción industrial y en la construcción va a erradicar totalmente la corrupción. Se han reducido las tasas de interés, los precios de la electricidad han bajado entre un 20-30%, se otorgan exenciones fiscales a ciertos sectores, se aumentan los impuestos a corto plazo para fomentar la inversión productiva a largo plazo, se aplicará una norma de preferencia nacional para proteger la industria mediante el aumento de aranceles de muchos bienes importados. Algunas de estas medidas, que EE.UU. ha calificado como “proteccionismo”, han contado con la aprobación de los sindicatos. El gobierno está alentando a las empresas a establecerse en Brasil con mano de obra local. El gigante de la electrónica Taiwanesa Foxconn tiene ahora allí ocho unidades de producción y ya está fabricando el iPhone 4, al que seguirá el iPod y el iPad. A Foxconn se le concedieron considerables rebajas fiscales y préstamos subvencionados para establecerse en Brasil. Después de que el gobierno impusiera nuevas obligaciones a la importación de automóviles, Land Roveer y BMW, decidieron también abrir plantas en Brasil. Pero el programa de Rousseff no termina aquí. Declaró al Financial Times de octubre de 2012 que ella quiere hacer frente al “alto coste de la mano de obra… y de los impuestos”. Su plan ha sido influenciado por los principales líderes empresariales, entre ellos Marcelo Odebrecht, responsable del grupo multinacional de la construcción y Jorge Gerdau, presidente de una empresa metalúrgica y del comité de gestión de las políticas del gobierno federal. Hasta ahora, el PT pudo contar con el apoyo de las dos principales centrales sindicales, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Força Sindical, pero las manifestaciones recientes sugieren que el apoyo popular al gobierno se está erosionando. Artur Henrique, el expresidente de la CUT, siempre ha apoyado al gobierno, pero lamenta el hecho de que después de una década en el poder, el PT “aún no ha revisado las políticas neoliberales que desmantelaron el sistema de relaciones laborales durante la presidencia de Cardoso.” Valter Pomar, miembro de la Oficina Nacional del P.T., dijo: “Hemos tenido un gran éxito en la mejora de los niveles de vida. Hemos aumentado los salarios para impulsar el consumo, de acuerdo con la lógica del mercado: ahora ganamos más… para que podamos pagar más para sostener la educación privada. Esta estrategia no ayuda al desarrollo de unos servicios públicos más fuertes o a promover la conciencia política sobre la importancia de los servicios prestados por el Estado”. La intransigencia de Rousseff Contra Lula no hubo manifestaciones masivas, pero la situación económica es claramente menos favorable para Rousseff, y su propia intransigencia podría ser una desventaja adicional. En 2012 ella no cedió a la mayor huelga de funcionarios públicos de la década y logró imponer su plan de ajuste de los salarios después un conflicto ininterrumpido de 107 días. Los sindicatos pedían aumentos salariales del 40 al 50%, pero solo consiguieron un 15,8% repartido entre tres años, a pesar de la inflación de casi el l6% en 2012. Su única concesión fue avenirse a negociar a sobre el pago de los días de huelga. No obstante, tres cuerpos del ejército consiguieron el 30%. Cuatro de las cinco mayores centrales sindicales, la derechista Fuerza Sindical, Nueva Central, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la federación de trabajadores de brasil (CTB), firmaron una evaluación muy crítica con el gobierno. La CUT estuvo ausente durante su encuentro, pero finalmente se unieron todos los sindicatos y co-organizaron una marcha de protesta en Brasilia el 6 de marzo. ¿Está Rousseff cuestionando el contrato social mantenido con los sindicatos desde 2002? Y si es así, ¿va a dejar fuera del campo de juego al movimiento obrero brasileño, que jugó un papel crucial en el proceso de democratización y en la elaboración de la Constitución de 1988? Durante las presidencias de Lula, muchos líderes políticos y sindicales fueron nombrados para cargos públicos, lo que contribuyó a crear una nueva burocracia gubernamental que garantizó el consenso social. Rousseff podría cambiar de estrategia, tratando de consolidar su autoridad con otros grupos sociales más receptivos a las necesidades de lo que Luiz Carlos Bresser-Pereira ha descrito como un “Estado Social Desarrollista.” Rousseff estima que la clase media la componen unos 105 millones de personas y quiere construir una “clase media que sea característica y adecuada a las condiciones económico-político-sociales de Brasil”. El economista Paulo Kliass refuta sus estimaciones y denuncia “la superchería consistente en convencer a los pobres de que forman parte de la clase media.” Esa ilusión tampoco se aviene con los miles de jóvenes y trabajadores pobres que participan en las manifestaciones gritando “queremos un brasil diferente”, exigiendo que se acabe con la corrupción y pidiendo más inversión en sanidad y educación, y que no se vaya el dinero en gastos extravagantes y costosos acondicionamiento de estadios y otras instalaciones deportivas. _______________   Fuente: http://www.zcommunications.org/we-want-a-different-brazil-by-janette-habel