Estados Unidos es el estado prisión más grande del mundo, con un número
de ciudadanos propios encarcelados mucho mayor que ningún otro país de
la tierra, tanto en valores absolutos como relativos. Encarcela a la
gente durante períodos de tiempo más largos, más despiadadamente y por
transgresiones más banales que en cualquier país de Occidente . Este
extenso estado carcelario construido durante décadas por los dos
partidos políticos, castiga a los pobres y a las minorías raciales en
porcentajes de la población talmente desproporcionados.
Pero no todo el mundo está sujeto a tal sistema de severidad penal. Todo
cambia radicalmente cuando a quienes se sorprende infringiendo la ley
son los personajes más prominentes del país. A estos, con pocas
excepciones, se les trata no solo con indulgencia, sino con inmunidad a
gran escala cuando son sancionados penalmente. Ahí tenemos los delitos
más atroces de la última década que han sido totalmente protegidos del
enjuiciamiento cuando los autores eran políticos importantes o poderosos
financieros: la construcción de un régimen de tortura mundial, el
espionaje de las telecomunicaciones de los norteamericanos sin orden
judicial por parte las agencias gubernamentales y de las propias
empresas de telecomunicaciones, las agresivas guerras emprendidas con
falsos pretextos, y el fraude financiero sistémico y masivo en el sector
bancario y crediticio que provocó la crisis financiera de 2008.
Este sistema judicial de doble rasero es el tema de mi último libro “With
Liberty and Justice for Some” (Con libertad y justicia para algunos) y
lo que me resultó más llamativo al rastrear la historia reciente de este
fenómeno es que haya llegado a ser tan explícito. Obviamente, aquellos
que poseen el dinero y el poder siempre gozan de ventajas substanciales
en el sistema judicial de Estados Unidos, pero de boquilla por lo menos
se mantenía fiel al núcleo del precepto del estado de derecho que
establece que –con independencia del poder, posición y prestigio que
ostentemos– todos somos iguales ante los ojos vendados de la Justicia.
Se da el caso de que este principio es ahora no solo rutinariamente
violado, como siempre lo ha sido, sino que es repudiado explícitamente
con toda naturalidad y delante de todo el mundo. Es un lugar común oír a
las élites de Estados Unidos declarando sin pestañear que aquellos que
llagan a ser lo suficientemente importantes e influyentes son – y deben
ser – inmunes ante el sistema de sanciones penales al que estamos
sujetos todos los demás.
Y aún peor, nos dicen constantemente que la inmunidad de aquellos con
mayor poder no se hace por su bien, sino por nuestro bien, por el bien
colectivo: porque es mejor para todos nosotros que la sociedad no sufra
las perturbaciones que se producirían al intentar castigar a los más
poderosos y las privaciones que sufriríamos colectivamente al perder su
extraordinaria valía y aportación a la sociedad procesándolos.
Esta lógica se popularizó en 1974 cuando Gerald Ford explicó porqué
Richard Nixon – que construyó su carrera como político de “ley y orden”
pidiendo penas duras y la persecución implacable de los delincuentes
comunes – nunca vería el interior de una corte de un tribunal después de
haber sido declarado culpable de múltiples felonías; su perdón no era
por el bien de Nixon, sino por el bien de todos nosotros. Ese fue el
mismo razonamiento sacado a colación para justificar la inmunidad de los
agentes de la Seguridad del Estado autores de casos de tortura y también
el de los gigantes de las telecomunicaciones que espiaron ilegalmente a
Estados Unidos (los necesitamos para que velen por nuestra seguridad y
no podemos desorganizarlos con procesamientos judiciales). Y también se
justificó la negativa al procesamiento de los delincuentes de Wall
Street por sus fraudes cometidos (los procesamientos por estos delitos
financieros perturbarían la recuperación de nuestra economía colectiva).
El nuevo episodio revelado el martes es uno de los ejemplos aun más
vívido de esta mentalidad. Durante el año pasado, los investigadores
federales descubrieron que uno de los bancos más grandes, el HSBC, lleva
años cometiendo graves delitos , entre los que se encuentra el blanqueo
de capitales de organizaciones terroristas; “facilitar el blanqueo de
capitales de los cáeteles de la droga mejicanos”; y “movimiento de
dinero contaminado para bancos de Arabia Saudí ligados a grupos
terroristas”. Esas investigaciones encubrían pruebas importantes de “que
altos directivos del banco eran cómplices de esta actividad ilegal.” Por
poner un solo ejemplo: un alto directivo del HSBC argumentó que el banco
debería seguir trabajando con el banco saudí Rajhi, que ha respaldado a
Al Qaeda”
Ni que decir tiene que estos son el tipo de delitos por los que la gente
normal sin el poder de los ricos es procesada y encarcelada con la mayor
agresividad y escarnio posibles. Si eres musulmán y tu conducta
“sugiere” a la policía que ayudas a un grupo terrorista, aunque no sea
cierto, estarás en la cárcel durante un tiempo, largo, muy largo. De
hecho, empleados sin poder alguno, oscuros, de bajo nivel son
rutinariamente sentenciados a largas penas de prisión por andar metidos
en algún sistema de lavado de algún dinero miserable, sin relación
alguna con el terrorismo y a una escala que represente una diminuta
fracción de lo que HSBC y sus altos directivos están acusados de
blanquear.
Pero no el HSBC. El martes, el Departamento de Justicia de Estados
Unidos no solo anunció que el HSBC no sería sometido a proceso penal,
sino que proclamó abiertamente que la razón es que ellos son demasiado
importantes y fundamentales como para someterlos a talas perturbaciones
y trastornos. En otras palabras, brindándolos contra el sistema de
sanciones penales al que el resto de los mortales estamos sujetos no es
por su bien, sino por nuestro bien común. No debemos estar enfadados,
sino agradecidos, por el extraordinario regalo otorgado al gigante de la
banca global.
“Las autoridades estadounidenses defendieron su decisión de no procesar
al HSBC por aceptar el dinero negro de estados canallas y de los señores
de la droga el martes, insistiendo en que 1,9 millones de multa por toda
una letanía de delitos era preferible a las “consecuencias colaterales”
de llevar al banco a los tribunales de justicia”.
“Anunciando la multa record en una conferencia de prensa en Nueva York,
el asistente del fiscal general Lany Breuer dijo que a pesar del
flagrante fallo del HSBC en la implementación de controles contra el
blanqueo de capitales y el desacato deliberado de las sanciones de
Estados Unidos, las consecuencias de un enjuiciamiento penal hubieran
sido terribles”.
“Si las autoridades de Estados Unidos hubiesen decidido presentar cargos
penales, hubiera perdido casi con toda certeza su licencia bancaria en
Estados Unidos, el fututo de la institución hubiese quedado bajo amenaza
y todo el sistema bancario se hubiese desestabilizado”.
“El HSBC, el banco más grande de Gran Bretaña, dijo que sentía
profundamente lo que denominó “pasados errores” que permitieron a
terroristas y narcotraficantes mover millones dentro del sistema
financiero y burlar las leyes bancarias de Estados Unidos…”
“Como parte del acuerdo, HSBC ha establecido un acuerdo de 5 años con el
Departamento de Justicia de Estados Unidos mediante el cual será
instalado un monitor independiente para asesorar sobre la reforma de los
controles internos. Los altos directivos del banco aplazarán todas sus
primas extraordinarias durante el periodo completo de cinco años,
mientras que estas primas les han sido retiradas a cierto número de
antiguos y actuales directivos, incluyendo aquellos que se encontraban
en Estados Unidos directamente involucrados en aquel momento”.
“John Coffee, profesor de derecho de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Columbia en Nueva York, dijo que la multa era coherente
con la forma en que los reguladores estadounidenses han estado tratando
las infracciones bancarias en los últimos años. “Hoy en día raramente se
demanda a personas individualmente de forma significativa cuando se
llega a un acuerdo con la entidad. Esto es así en gran medida en función
de la limitación de recursos, pero también por la aversión al riesgo y
por una voluntad de seguir el curso de menor resistencia”, dijo.
Funcionarios del Ministerio de Justicia declararon que la multa de $1.9
millones que pagará el HSBC, es la de mayor cuantía que se ha impuesto
nunca por un caso similar. Tal como observó Nils Pratley de The Guardian,
“el importe de la multa representa alrededor de las ganancias de una
semana, tendiendo en cuenta que el beneficio fue de de $21,9 millones
antes de impuestos el año pasado.” Como era de esperar, la tendencia
constante al alza del precio de las acciones del HSBC desde el escándalo
que estalló en Julio, continúa inalterable este martes por la mañana”.
Los editores del New York Times anunciaron esta mañana: “Es un día negro
para el estado de derecho” No hay duda, dijeron los editores del NYT, “de
que las irregularidades del HSBC son graves y generalizadas”. Pero el
banco es sencillamente demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado
importante para llevarlo a juicio.
Eso no ha sido meramente un día negro para el estado de derecho. Es una
venta al por mayor de su reputación. El gobierno de
Estados Unidos está diciendo expresamente que los gigantes bancarios
están fuera o por encima del estado de derecho, que no serán sancionados
cuando sean pillados in fraganti cometiendo delitos penales por los que
personas normales son encarceladas por décadas. Aparte de la grotesca
injusticia, la señal que se envía es tan clara como destructiva: tú eres
libre de cometer cualquier delito que se te antoje sin temor a ser
enjuiciado. Y obviamente, si el gobierno de Estados Unidos no enjuicia a
estos bancos sobre la base de que son demasiado grandes e importantes,
nunca les dejará quebrar.
Pero este es el caso no es una anomalía. Que los protagonistas más
activos hayan de ser inmunes al estado de derecho – no que sean
meramente mejor tratados, sino completamente inmunes – es una constante,
un precepto ampliamente arraigado en el sistema judicial de Estados
Unidos. Se aplica a los poderosos de la política y del sector privado
por igual. Durante los últimos cuatro años, la CIA y la NSA (Agencia
Nacional de Seguridad) han recibido el mismo regalo, al igual que los
altos directivos de las ramas ejecutivas, que las industrias de las
telecomunicaciones y la mayor parte de la banca. Así es como lo describo
en “Con libertad y Justicia para algunos”.
“Al oírselo decir a nuestros políticos y a nuestra prensa, la conclusión
parece ineludible: estamos mucho mejor cuando las élites políticas y
financieras – y sólo ellas –están libres de de responsabilidad penal”.
“Se ha convertido en una cuestión de consenso virtual entre las élites
que sus miembros son tan indispensables para el funcionamiento de la
sociedad norteamericana que dotarles de inmunidad frente al
procesamiento – incluso por los delitos más atroces – no va sólo en su
favor, sino en el nuestro también. Los fiscales, tribunales y prisiones,
se dice en voz baja – e incluso a veces se declara explícitamente – son
para la chusma, como los vendedores de droga ambulantes, que a veces
atisbamos a través de la ventanilla del coche, no para los líderes
políticos y financieros que dirigen nuestra nación y alimentan nuestra
prosperidad”.
“Es simplemente demasiado engorroso, molesto e injusto, nos dicen,
hacerles cargar con el fardo de las consecuencias legales”.
Esa es precisamente el razonamiento invocado por los altos funcionarios
del Departamento de Justicia para justificar su decisión de proteger al
HSBC de responsabilidad penal. Estos son los mismos altos funcionarios
que previamente inmunizaron a los torturadores y espías sin orden
judicial, a los gigantes de las telecomunicaciones y a los ejecutivos de
Wall Street, aunque continúan persiguiendo a los a ritmo record a
quienes denuncian los delitos financieros, al igual que persiguen a los
ciudadanos normales – especialmente a los pobres y minorías raciales –
con extrema dureza incluso por delitos insignificantes. El gobierno que
ofrece ahora la excusa de que el HSBC es demasiado grande para
enjuiciarle es el mismo que muy conscientemente rechazó el intento de
dividir estos bancos gigantes durante las secuelas de la crisis del
“demasiado grande para quebrar” del 2008, mientras el anterior
supervisor TARP Neil Barofsky, entre otros, se ha pasado años
argumentando a favor de la medida.
Y estos protectores del HSBC del Departamento de Justicia del Gobierno
de Obama, son los mismos altos funcionarios responsables de mantener la
expansión como ha descrito acertadamente Ronsenthal en la página
editorial del NYT como “esencialmente un sistema de justicia separado
para los musulmanes”, en el que “el principio del debido proceso se
retuerce y se aplica selectivamente, si llega a aplicarse”. Lo que se ha
creado no es tanto “un sistema judicial de doble rasero”, sino uno con
múltiples varas de medir, que se aplica según la identidad del presunto
delincuente, en vez de por la gravedad de los delitos cometidos.
Sobre distintos “sistemas judiciales” para ser aplicados según estatus,
bienes, poder y prestigio de los ciudadanos, fue exactamente sobre lo
que más enérgicamente argumentaron los fundadores de Estados Unidos, en
el sentido de que debía evitarse (aunque ellos mantuvieran exactamente
ese sistema). Pero aquí tenemos una innegable claridad no meramente una
prueba de cómo funciona el sistema, pero también los preceptos pútridos
y fundamentalmente corruptos sobre los que se basa. Que algunos
protagonistas son sencillamente tan importantes y tan poderosos que no
se les puede castigar penalmente. Como el premio Nobel de economía
Joseph Stiglitz advirtió en 2010, “la exención del procesamiento de los
grandes bancos por delitos penales ha significado que el desorden y la
venalidad se encuentran ahora en Estados Unidos a un nivel más alto
que el que prevaleció en Rusia en la era de generalizada corrupción y
anarquía de la privatización”.
Haber actuado el gobierno de Estados Unidos especialmente para proteger
a las facciones más poderosas, particularmente los bancos, fue el gran
empujón que sacó a la gente a las calles tanto como temprano Movimiento
contra el Tea Party como en el Movimiento Occupy Wall Street. Como debía
de ser: es realmente difícil imaginarse corrupción e iniquidad más
extremas que encontrarse co que el gobierno sitúa explícitamente a las
facciones más poderosas de la sociedad por encima del estado de derecho
incluso mientras continúa sometiendo a todos los demás a una “justicia”
de inusitada dureza. Si este regalo al HSBC hace que salgan más
manifestantes a la calle contra esta corrupción radical, se podrá decir
que al fin se ha conseguido algo positivo al menos.
ACTUALIZACIÓN
Por coincidencia, el mismo día que se anunció que el HSBC no sería
encausado por sus muchas felonías de blanqueo de capitales, el New York
Times publicó una historia sobre la angustiosa peripecia de una madre
soltera afroamericana con tres niños que había sido sentenciada a cadena
perpetua con 27 años por un delito menor relacionado con drogas:
“Stephanie George y el juez Roger Vinson tenían opiniones bastante
diferentes sobre la caja de seguridad incautada por la policía en su
casa de Pensacola. Ella insistía en que no tenía ni idea de que un
antiguo novio la había escondido en el ático de ella. El juez Vinson
consideraba que la caja de seguridad, con medio kilo de cocaína era la
prueba que la inculpaba”.
“Pero el defensor y el juez estaban totalmente de acuerdo sobre la
justicia de la sentencia que la habían impuesto en la corte federal”.
“Aunque has estado involucrada con las drogas y en la venta de drogas”,
dijo el juez Vinson a la Señorita George, “tu papel básicamente ha sido
el de novia y el de la que guardaba la bolsa y el dinero, pero no
estabas activamente involucrada en la venta de drogas, por lo que según
mi opinión no se justifica la sentencia de cadena perpetua”
“Sin embargo el juez no tuvo otra opción una mañana de hace 15 años.
Mientras la aturdida familia miraba a la señorita George, que entonces
contaba 27 años, que nunca había sido acusada de hechos violentos, fue
lleva desde la sala del juicio a cumplir su sentencia sin que hubiera
perdón”.
“Recuerdo a mi mamá llorando y preguntando porqué al Señor”, dice la
señorita George, ahora con 42 años después, en una entrevista dada en la
Institución Correccional Federal de Tallahassee. A veces ni yo misma me
creo que halla ocurrido en Estados Unidos”.
Como observa el NYT –y lea la historia completa para sacarle todo el
meollo– esto ya es un lugar común para los pobres en el Sistema
Judicial de Estados Unidos. Contrasta esa profunda opresión, ese castigo
despiadado del Sistema con el grado de inmunidad otorgado al HSBC, junto
con prácticamente todas las facciones de poderosos y ricos infractores
de la ley en Estados Unidos durante la última década, y esa es la vida
respirando los dos niveles del sistema judicial de Estados Unidos.
Cómo esta deslumbrante disparidad, y explícitamente basada en un estatus
de tratamiento ante la ley penal, no produce un fuerte malestar social,
es desconcertante.