Este Tratado Comercial Transatlántico es un asalto frontal y total a la democracia.

Bruselas ha mantenido silencio sobre un tratado que permitiría a las empresas rapaces subvertir nuestras leyes, derechos y soberanía nacional.
 

Por George Monbiot*, The Guardian
Traducción: Enrique Prudencio para
Zonaizquierda.org

¿Recuerdan aquel referéndum sobre si deberíamos crear o no un mercado único con Estados Unidos? Ya saben, aquel en que se nos preguntó si las empresas deben tener la facultad de anular las leyes vigentes. No, yo tampoco. Me pasé diez minutos buscando el reloj el otro día hasta que me di cuenta de que lo llevaba puesto. Olvidarnos del referéndum es otro signo de envejecimiento. Porque tiene que haberse celebrado uno, ¿no es así? Después de la agonía sobre si debemos permanecer en la Unión Europa o no, el gobierno no iba a ceder nuestra soberanía en la penumbra a un ente oscuro y antidemocrático sin consultarnos, ¿verdad?

El propósito del Tratado Comercial Transatlántico y Sociedad de Inversiones significa eliminar las diferencias normativas entre EEUU y los países de Europa. Lo comenté hace un par de semanas. Pero me olvidé del asunto más importante: la capacidad extraordinaria que se les otorgaría a los grandes negocios para perseguir a muerte con denuncias a los gobiernos que tratan de defender a sus ciudadanos. Esto permitiría a un grupo secreto de abogados corporativos hacer caso omiso de la voluntad del parlamento y destruir nuestra protección legal. Sin embargo, los defensores de la soberanía no dicen nada.

El mecanismo por el que se logra esto se conoce como solución de controversias inversionistas-Estado. Ya se está utilizando en muchas partes del mundo para liquidar las regulaciones que protegen a las personas y al planeta en que viven.

El gobierno de Australia, después de debates masivos dentro y fuera del Parlamento, decidió que los cigarrillos se vendieran en paquetes sencillos, marcados sólo con advertencias severas sobre la salud del fumador. La decisión fue avalada por el Tribunal Supremo de Australia. Pero utilizando un tratado comercial, Australia colisionó con Hong Kong, donde la empresa tabacalera Philip Morris había solicitado a un tribunal offshore una enorme suma en concepto de indemnización por la pérdida de lo que denomina "su propiedad intelectual".

Durante la crisis financiera en Argentina, y en respuesta a la indignación popular por la brutal subida que experimentaban continuamente los precios de la energía y el agua, el gobierno decretó la congelación de los precios facturados a los clientes (¿les suena familiar?). Las empresas de servicios públicos internacionales, cuyos precios abusivos habían obligado al gobierno a intervenir, presentaron demandas contra el mismo por la congelación de los precios. Por esta y otras intervenciones similares, Argentina se vio obligada a pagar más de mil millones de dólares en compensaciones. En El Salvador, las comunidades locales, con un alto coste (tres activistas fueron asesinados), consiguieron que el gobierno denegara el permiso para la explotación de una gran mina de oro que amenazaba contaminar los suministros de agua. ¿Una victoria para la democracia? Quizás no por mucho tiempo. La empresa canadiense que quería explotar la mina ha presentado una demanda al gobierno de El Salvador por importe de 315 millones de dólares por lucro cesante (es decir, por lo que dejará de ganar al no poder explotar la mina).

En Canadá, los tribunales revocaron dos patentes propiedad de la empresa farmacéutica norteamericana Eli Lilly, argumentando que la empresa no había presentado pruebas que demostraran los efectos beneficiosos de sus medicamentos. Eli Lilly ha puesto una denuncia al gobierno canadiense por un importe de unos 1.500 millones de dólares, y exigiendo el cambio de las leyes canadienses. Estas empresas (junto con otros cientos de ellas) están utilizando las reglas controvertidas de los tratados comerciales inversionistas/Estado subscritos por los países a los que están demandando.

Las reglas las imponen los paneles de abogados corporativos de las empresas, por lo que no tienen las garantías que nos proporcionan nuestros propios tribunales. Las audiencias se llevan a cabo en secreto. Los jueces son abogados corporativos, muchos de los cuales trabajan para las empresas a las que juzgan. Los ciudadanos y las comunidades afectadas por sus decisiones no tienen capacidad legal. No existe derecho de apelación sobre el fondo del caso. Sin embargo pueden derrocar la soberanía de los parlamentos y las resoluciones de los tribunales supremos.

¿No se lo cree? Esto es lo que uno de los jueces de esos tribunales dice sobre su trabajo: “Cuando me despierto por la noche y pienso en el arbitraje, nunca deja de sorprenderme que los Estados soberanos hayan aceptado el arbitraje de inversión… A tres individuos privados se les ha confiado la facultad de revisar, sin ningún procedimiento restrictivo o de apelación, todas las decisiones del gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos que emanan del parlamento.”

No existen los derechos correspondientes a los ciudadanos. No podemos utilizar estos tribunales para reclamar mayor protección contra la avaricia corporativa. Como dice el Centro para la Democracia, se trata de un "sistema de justicia privatizada por las corporaciones globales”.

Incluso si estas demandas no tienen éxito, pueden ejercer un poderoso y escalofriante efecto en la legislación. Un funcionario del gobierno de Canadá, hablando de las normas introducidas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, comentó: “He visto las cartas de Nueva York y de los bufetes de abogados del Distrito Federal que llegan al gobierno canadiense con cada nueva propuesta de regulación ambiental en los últimos cinco años. Se refieren a productos químicos de limpieza en seco, productos farmacéuticos, pesticidas, ley de patentes. Prácticamente todas las nuevas iniciativas han recibido ataques y la mayoría nunca han visto la luz del día.” La democracia, como propuesta real, es imposible bajo estas circunstancias.

Este es el sistema al que estaremos sujetos si el Tratado Transatlántico sigue adelante. EEUU y la Comisión Europea, que ya han sido convencidos por las corporaciones que se supone deben regular, están presionando para que la solución de las discrepancias inversionistas/Estado se incluyan en el acuerdo.

La comisión justifica esta política alegando que los tribunales nacionales no ofrecen a las empresas una protección suficiente, ya que las decisiones “podrían estar sesgadas por su falta de independencia”. ¿A qué tribunales se refiere? ¿A los de EEUU? ¿A los de los propios Estados miembros? No lo dicen. De hecho no pueden presentar ningún ejemplo concreto que demuestre la necesidad de un nuevo sistema de enjuiciamiento, extrajudicial. Lo que las empresas desean precisamente evitar es pasar por nuestros tribunales, imparciales en general. La UE pretende sustituir a los tribunales abiertos, responsables y soberanos por un sistema corrupto cerrado, plagado de conflictos de intereses y poderes arbitrarios.

Las normas Inversionistas/Estado podrían utilizarse para aplastar cualquier intento de salvar NHS del control corporativo, para evitar que el Estado vuelva a regular los bancos, para que no frene la codicia de las empresas de la energía, la nacionalización de los ferrocarriles, la extracción combustibles fósiles. Estas reglas cierran las alternativas democráticas. Dejan fuera de la ley a la izquierda política. Por eso no ha habido ningún intento por parte del gobierno del Reino Unido (ni de otros países) de informarnos acerca de este asalto monstruoso a la democracia, y mucho menos de consultarnos. Por ello los conservadores que tanto resoplan sobre la soberanía están en silencio. Despertad, ciudadanos, nos están jodiendo.

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* George Monbiot es autor de libros “best Sellers” como La edad del consentimiento: manifiesto por un nuevo orden mundial y Estado cautivo: la toma de posesión corporativa de Gran Bretaña.

 

Fuente: http://www.commondreams.org/view/2013/11/05-3
 

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