Twittear     La democracia en peligro: el auge de la autoridad ilegítima Por Susan George*, ZSpace Traducción: Enrique Prudencio para Zonaizquierda.org ¿Qué es el gobierno ilegítimo? Desde finales del siglo XVIII, el consenso occidental ha reivindicado como mínimo la soberanía popular, las elecciones libres y justas y los derechos de los ciudadanos jurídicamente vinculantes. Las diferencias de grado siempre han existido y la batalla para ampliar las libertades democráticas es interminable y no reconoce fronteras. La gente ahora derroca a los tiranos en lugares inesperados, millones de egipcios nos han recordado últimamente que el derecho a expulsar a un líder electo que no cumple sus promesas ni honra sus obligaciones es también parte del canon democrático. La legitimidad exige sobre todo el consentimiento de los gobernados. Esto a su vez significa que los gobernados deben tener la capacidad de rechazar la autoridad ilegítima. Pero ¿y si no son capaces de detectar e identificar la regla ilegítima en primer lugar? ¿Y si los órganos de gobierno reales son entidades oscuras, conocidos sobre todo por los iniciados, por la propia élite económica y social, que se abstienen sigilosamente de dar a conocer sus actividades? ¿Cuál es el recurso de los ciudadanos? El conocimiento es el primer requisito y los medios de comunicación resultan de poca ayuda en este aspecto. ¿Cuántos periodistas, y menos aún personas comunes, han oído hablar de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad? ¡Qué aburrido! ¿Quién quiere leer sobre normas de contabilidad? Creada como un simple grupo asesor por la Unión Europea, que necesita hacer frente a muchos sistemas contables dispares de sus diferentes estados miembros, la IASB reunió a ejecutivos o jubilados de las cuatro grandes firmas de contabilidad transnacionales. Se hizo oficial en 2005 y, desde entonces, decenas de países, entre ellos Australia han decidido aplicar sus reglas. ¿Por qué debería importarnos? Sencillamente porque el mundo nunca se librará de los paraísos fiscales y siempre que la ISB sea capaz de superar las tácticas del cerrojo para obtener los “informes país por país” (sería el único sistema que podría obligar a las empresas transnacionales –ETN– a pagar los impuestos de su actividad económica en el lugar real en que dicha actividad se desarrolla). Gracias a los “precios de transferencia” y a otras formas “legales” de evasión, las empresas transnacionales están causando pérdidas de ingresos incalculables a los Estados, que de ser recaudados, podrían mejorar la suerte de sus pueblos. Y mientras que las grandes empresas contables fijen las reglas por delegación de sus clientes, seguirán haciéndolo. Actualmente están en vigor más de 3.000 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI, siglas en inglés) y la mayoría incluyen disposiciones de “resolución de conflictos inversionista-Estado”. Esto permite a los inversores –las ETN por definición– demandar a los gobiernos si creen que sus ganancias actuales o incluso las esperadas se ven perjudicadas por una medida gubernamental. Australia anunció sabiamente en 2011 que ya no incluiría este tipo de cláusulas en los futuros tratados comerciales de inversión, aunque demasiado tarde sin embargo para evitar la demanda de Philip Morris por la legislación sobre el tabaco. El mes pasado comenzaron las negociaciones del acuerdo de libre comercio más importante jamás firmado. El TTIP o Sociedad Transatlántica de Comercio e Inversiones, cuyas reglas para el cálculo del PIB se aplicarán a la mitad de la economía mundial. El comercio anual de bienes y servicios entre EE.UU. y Europa alcanzará un montante de un billón y medio de dólares, pero hay poco que negociar sobre barreras directas como aranceles aduaneros, ya que estos son de un promedio del 3%. Los objetivos son, en cambio, la eliminación de BBB o “barreras de detrás de las fronteras”, incluyendo regulaciones y servicios públicos, así como la consecución de un absoluta libertad para los inversores TNC, particularmente los de la cláusula inversor-Estado. Los paneles de arbitraje extrajudiciales están reemplazando cada vez más a los tribunales nacionales por lo que pueden saltarse las leyes de protección al consumidor, a la salud pública y al medio ambiente mientras que estas transnacionales obtienen beneficios megamillonarios, con un volumen de negocios a veces superior al PIB del país al que se demanda. Pero en el caso de los miles de tratados bilaterales de inversión, son los gobiernos los que negocian los TTIP, no? ¿Qué hay de ilegítimo al respecto? En pocas palabras, las empresas transnacionales con sede en los dos lados del Atlántico han estado desde la década de 1990 decidiendo todas las cuestiones de tuercas y tornillos con todo detalle, sector por sector. Su lugar de trabajo fue la sede del Diálogo Empresarial Transatlántico, recientemente transformado en Consejo Económico Transatlántico. Su función se define como “reducción de las regulaciones para potenciar el sector privado” y se denomina a sí mismo “cuerpo político”. Su sitio web proclama con orgullo que esta es la primera vez que “el sector privado tiene un papel oficial en las decisiones de la política pública de la UE/EE.UU.”. En 2012, los gobiernos se reunieron en Río de Janeiro para celebrar la conferencia sobre medio ambiente de las Naciones Unidas “Río + 20”. El representante de la Cámara Internacional de Comercio fue aplaudido cuando anunció en “El Día de los Negocios” que “somos parte de la delegación de negocios más grande que haya asistido nunca a una conferencia de la ONU”, y añadió que “la empresa tiene que tomar la iniciativa y estamos tomando la iniciativa”. Las empresas transnacionales están exigiendo un papel formal en las negociaciones climáticas de la ONU. No es solo su tamaño, su enorme riqueza y los activos que poseen lo que hace que las transnacionales sean peligrosas para la democracia. Como solía decir el profesor Ted Wheelwright, también es su concentración, su capacidad de influencia, de infiltrarse literalmente en los gobiernos y su capacidad de defender sus intereses como una auténtica clase social internacional. Intercambiables, internacionales, individualmente ricos, nómadas, con atributos comunes, hablando un lenguaje común y compartiendo una ideología común, esta es la gente que manda no solo en los negocios, sino también en el gobierno, es el gobierno de la clase Davos. Los ciudadanos que valoran la democracia no deberían ignorar que representa un gran peligro. ______________   *Susan George es una socióloga reconocida internacionalmente y Presidenta del Instituto Transnacional con sede en Amsterdam. Su último libro se titula ¿La crisis de quién? ¿El futuro de quién?   Fuente: http://www.zcommunications.org/contents/195110